La naturaleza del concurso -o quiebra-, por sà mismos son procedimientos mucho más complicados que el simple ejercicio de acciones individuales, litigadas interpartes. En efecto, el concurso, por su carácter universal, afecta tanto a un conjunto de sujetos -acreedores-que en algún momento han mantenido relación con el deudor común; como a otros que no han mantenido siquiera relación alguna con dicho deudor (recordemos las acciones rescisorias en las que aparecen terceros implicados); pueden incidir en el conjunto de la economÃa nacional cuando se trate de grandes multinacionales e indudablemente en el conjunto del tejido social, en tanto y cuanto puede significar la pérdida de unos puestos de trabajo.áA esta complejidad del procedimiento, en el que inciden los más varios intereses, debe sumarse la dispersión de sus antiguas normas reguladoras -básicamente Código de Comercio de 1829, Código de Comercio de 1885, Ley de Enjuiciamiento Civil y Ley de Suspensión de Pagos de 1922-; sumando aquellas otras que afectaban a la calificación de los créditos -Ley Hipotecaria, Estatuto de los Trabajadores, Ley Tributaria, Mercado Hipotecario, Venta de Bienes a Plazos, Leasing, etc.-.áLa mera cita de tales preceptos reguladores, ya pone de manifiesto, no sólo lo arcaico de nuestro Derecho Concursal, sino también lo inadecuado para regular a realidad social y económica de nuestro tiempo, habida cuenta la auténtica revolución tecnológica de los últimos tiempos. Y si a ello añadimos la dispersión de procedimientos -quiebra, suspensión de pagos, quita y espera y concurso de acreedores- con el entrecruce de disposiciones de derecho sustantivo y procesal, queda de manifiesto lo obsoleto de nuestra legislación reguladora de materia tan compleja, cual es el Derecho Concursal.