¿Se ha legislado sobre los delitos informáticos en México?, ¿de qué manera?, ¿es nuestra legislación acorde a la que existe en el ámbito internacional?, ¿qué tan eficaz ha sido la legislación?El presente estudio desarrolla un documento diagnóstico del trabajo legislativo pendiente y de las áreas de oportunidad para combatir con eficacia el fenómeno del delito electrónico.Tenemos elaborados cuatro trabajos de referencia sobre el tema: Análisis de los delitos informáticos, publicado por Porrúa en 2005 (su segunda edición apareció en 2007); La prueba electrónica en materia penal (Porrúa, 2011), Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, con comentarios (Porrúa, 2012); Compilación legislativa en materia electrónica en América Latina (documento de trabajo publicado en forma electrónica por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) en 2013, y el libro coordinado El Derecho en la era digital (Porrúa, 2013). Pero los avances tecnológicos hacen necesario escalar hacia la generalidad de las tecnologías, así como al universo de conductas que, sin ser nuevas, se valen de los recursos tecnológicos para vulnerar el orden y atentar contra bienes jurídicos valiosos. Por tanto, planteamos la necesidad de tener en Latinoamérica una legislación base que permita la cooperación en la materia y el combate uniforme al delito electrónico.Esta investigación se propone hacer el discrimen sobre lo que hasta hoy se ha escrito en materia de delitos informáticos en México y sus limitaciones.En particular, destacan muchos ensayos legislativos en distintas legislaciones estatales locales (Veracruz, Tabasco, Nuevo León y Zacatecas, por ejemplo), en donde se ha pretendido establecer tipos penales que no contribuyen a la solución del problema, han sido coyunturales o faltas de técnica, pero también abordaremos aquellos instrumentos internacionales como ACTA (Acuerdo Antifalsificación), cuyo contenido puede contravenir normas de carácter interno.
