El Derecho penal sigue con un característico retraso a la europeización de otros sectores del Derecho, sectores en los que la existencia de competencias institucionales de las Comunidades Europeas aconseja una armonización, previéndose además ésta en la mayoría de los casos de modo expreso en los tratados de Derecho internacional público. Hasta Maastricht, no era éste el caso del Derecho penal. Por ello, por un lado, la descripción del proceso de europeización en este ámbito es más escueta, por otro lado, esta descripción debe ir más allá de los puntos de partida que pueden observarse en el campo institucional o en el de los tratados de Derecho internacional público para poder esbozar una imagen correcta de la situación actual. Desde mi punto de vista, las perspectivas de futuro son algo más positivas, aunque se hallan lastradas de un especial grado de inseguridad en lo que se refiere a la formulación de pronósticos de futuro en el ámbito de la política legislativa. Y es que el Derecho penal expresa de modo más intenso que otras materias jurídicas la soberanía nacional, soberanía a la que sólo se renuncia con disgusto, aunque esta renuncia sea meramente parcial, y de este modo -al menos en amplios sectores- el Derecho penal se presenta como Derecho político, que muestra una vinculación especialmente fuerte a la tradición y a la conciencia de determinados valores, vinculación que, sin embargo, también se refiere a emociones y temores fundamentales.
