La muerte de Rubí Fraire y el homicidio de su madre doña Marisela Escobedo frente a las oficinas de Gobierno en el Estado de Chihuahua, desataron una honda polémica que ha puesto de frente al sistema acusatorio adoptado en el Estado de Chihuahua, referencia importante para el país. Una sociedad como la mexicana ha clamado por cien años justicia frente a los abusos de las autoridades que han venido operando nuestro sistema penal, la sociedad ha hecho gala de quejas repetidas frente a los abusos, sobre todo de la policía y ministerios públicos en su actuación en casos penales, pero a la vez, respecto de jueces y magistrados que dejando de lado su investidura y lo que ello representa se han puesto al servicio del poder público para asumir en casos, decisiones dirigidas. Existe frente a ello desilusión, molestia, repudio, en pocas palabras, un gran agravio que el estado mexicano está obligado a reparar. El ´Caso Chihuahua´ es más de lo que se mostró en medios masivos de comunicación. Un caso penal no puede ser valorado sin conocer en profundidad las actuaciones que le integran y, no puede ser, con seriedad, puesto en entre juicio sin contar con las herramientas jurídicas para ello. La desinformación generada en torno al mismo, ha permeado de tal forma en algunas latitudes, sobre todo estatales que, incluso, ya cuenta con un ordenamiento procesal acusatorio al grado que les ha llevado a plantear posibles reformas a los mismos, orientadas ellas hacia el aniquilamiento del derecho a la defensa de toda persona detenida por o ante la policía. Preguntémonos: ¿Qué tanta verdad se expuso en el referido caso?