La Marcha de la Dignidad Indígena ha sido uno de los mayores signos de voluntad democrática expresados por la sociedad. Más aún cuando se emprende desde las entrañas de un ejército rebelde y es acompañado masivamente a lo largo de 6 mil kilómetros. Juzgando por los resultados, ningún senador de la República y muy pocos diputados se sintieron interpelados por esta demostración insoslayable de reconocimiento público de los pueblos indios como sujeto político del más alto nivel. Sujeto político con autoridad moral, responsabilidad política y capacidad para construir, desde San Andrés, su relación y especificidad dentro de la comunidad nacional, con una inquebrantable vocación democrática que lo llevó hasta la más alta tribuna de representación nacional y con una dignidad que es orgullo del pueblo mexicano. Cuando no hay un solo senador capaz de representar el sentir de miles y miles de mexicanos que se expresaron por la aprobación de la ley Cocopa lo menos que puede decirse es que la legitimidad de esa representación está en entredicho. La incapacidad mostrada por el Congreso para expresar la amplia gama de posiciones, intereses, historias y culturas de la sociedad mexicana lo inhabilita políticamente para legislar a nombre de la nación. Las diferencias, contradicciones, fisuras y resquebrajamientos del sistema político mexicano, expresadas en la última votación presidencial, parecen haberse borrado al confrontarse con la disyuntiva de pensar a los indios como seres humanos, iguales pero histórica y culturalmente diferentes o de seguirlos considerando insuficientemente desarrollados y, por tanto, indignos del reconocimiento ciudadano que reclaman.