Cuando el 18 de Junio del 2008 se realizó la reforma al programa penal previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conllevó la adopción de un nuevo paradigma en materia de justicia penal, es decir, el tránsito de un modelo inquisitivo a uno acusatorio y oral, el cual descansa, por un lado, en la construcción -y no sólo el descubrimiento- de la verdad, por otro lado, en la solución de aquel conflicto de intereses surgido como consecuencia de la comisión de un ilícito penal, todo ello bajo el respeto irrestricto de los derechos fundamentales. Ello, además originó que tanto el sistema punitivo federal como los estatales tuviesen que implementar el paradigma acusatorio, dentro de un plazo máximo de ocho años, contados a partir de la fecha de reforma constitucional anteriormente citada. Ante este escenario, los tres poderes del Estado de Durango, en un esfuerzo histórico sin precedentes, confluyeron en el objetivo de implementar la reforma del proceso penal, bajo una estricta observancia del nuevo programa penal constitucional. Ello implicó, por no solamente la adopción del Código Procesal Penal, sino la revisión tanto de la Constitución estatal como de las demás leyes secundarias involucradas en el sistema de justicia penal, a fin de conciliar con el nuevo paradigma punitivo adoptado.
