La libertad aparece sólo cuando no se abusa del poder. Esta idea elemental sobre la que descansa la ideologÃa del constitucionalismo ha generado una cultura de vÃnculos y frenos al poder que, por obvias razones históricas, se ha desarrollado con fuerza en el pasado siglo. Por eso no puede resultar llamativo que, paralelo a esa cultura, se haya realizado un esfuerzo sin precedentes por diseñar modelos de racionalidad que permitan contener el ejercicio de ese poder formidable que es el poder judicial. El esfuerzo más notable por dotar de racionalidad los espacios de decisión no reglada es sin duda el desarrollado en las últimas décadas desde la teorÃa de la argumentación jurÃdica. Sin embargo, estos estudios se han centrado prevalentemente en la vertiente normativa de la decisión judicial y han mostrado una escasa preocupación por los problemas relativos a la prueba. Como si el juicio de hechos no planteara problemas; o -lo que resulta más inquietante- como si, planteándolos, fuera un espacio de decisión abocado sin remedio a la discrecionalidad extrema, cuando no a la pura y simple arbitrariedad. De esta parte menos atendida del ejercicio del poder judicial me ocupo justamente aquÃ.
