Para abatir la impunidad y bajar los índices de inseguridad resulta necesario garantizar la independencia de los jueces, para posibilitar que, sin lineamientos políticos o presiones externas apliquen invariablemente las normas derivadas del texto fundamental, por contener los principios de la organización social y política. Sólo los jueces independientes pueden enjuiciar a los funcionarios coludidos con la delincuencia. Ese estatus del juez se logra con un modelo institucional del Consejo de la Judicatura autónomo. La existencia del Consejo no impide que los funcionarios judiciales ejerzan funciones no jurisdiccionales, se sujetan a riesgos por el manejo de recursos públicos, e incurran en incompatibilidades en los procedimientos de asignación de obras y contratación de servicios de los tribunales. Los problemas que debía resolver la creación del Consejo, tales como el nepotismo, el favoritismo y la férrea dependencia de todos los servidores judiciales respecto de los ministros, en lugar de desaparecer, se han intensificado, cancelándose la independencia de los jueces, pues a través de los ministros permea a la estructura judicial la protección de intereses de la clase gobernante y de factores reales de poder. Resulta un imperativo eliminar la estructura vertical autoritaria, así como cambiar el método de elección de los consejos de la Judicatura, provenientes del ámbito judicial, siguiendo el modelo democrático, con la participación abierta de los juzgadores, con voto igualitario, mediante el sistema de listas que prohíba actos de proselitismo y propaganda. Debe crearse la figura de administrador de tribunales que dependan del Consejo con funciones administrativas y cuasijurisdiccionales en cada órgano. Las comisiones de administración de la Suprema Corte y del Tribunal Electoral, deben desaparecer y sus atribuciones debe asumirlas el Consejo. Este órgano debe encargarse del estatuto del Ministerio Público. Finalmente, debe negarse la facultad de iniciativa a la Suprema Corte y permitir al Poder Ejecutivo habilitar alguna dependencia para fijar políticas públicas en materia judicial.