Ante los desafíos contemporáneos de los poderes públicos y privados, la justicia constitucional ha puesto en evidencia la necesidad de fortalecerse para cumplir con la defensa de los derechos fundamentales y el control constitucional del poder (...). Por ellos, los procesos constitucionales se han constituido por excelencia en el baluarte del desarrollo de la jurisprudencia constitucional, pero con diferentes variantes. Debido a que si bien, América Latina comparte un ius publicum comune basado en los principios de la democracia constitucional y los derechos humanos, también es cierto que el desarrollo concreto de los mismos presenta mayores o menores grados de cumplimiento. Estas tareas de la justicia constitucional demandan de su legitimidad no sólo por su origen, sino también, por sus resultados, su argumentación constitucional.