La injerencia federal en la administración de los recursos hídricos del país se inició legalmente con la emisión de la Ley de aguas del 5 de junio de 1888, con ella arrancó un proceso de federalización de las corrientes más importantes, cuyo uso y aprovechamiento estaría determinado, tanto para individuos como para comunidades, por la concesión que otorgara el gobierno federal. También confirmaría el derecho que sobre el recurso tuvieran los diferentes usuarios, siempre y cuando estuvieran avalados por la presentación de títulos. Este procedimiento dio origen a la acreditación con documentos antiguos de gran valor histórico, la mayoría de ellos copias certificadas, que se resguardaron en las dependencias que antecedieron a la Comisión Nacional del Agua en la gestión del recurso. Actualmente el Archivo Histórico del Agua, como entidad encargada de resguardar la documentación generada por esas dependencias, conserva en sus acervos un número importante de copias certificadas de documentos tales como: cédulas reales, reales provisiones, mercedes, composiciones, convenios y repartimientos de agua, entre otros. Las 23 copias certificadas de documentos coloniales del actual Estado de México, que en este libro se reproducen, son una pequeña muestra que el archivo resguarda. Su importancia radica en que los documentos que conforman este volumen son las únicas copias que hasta ahora conocemos, ya que al buscarse otras en los fondos del Archivo General de la Nación no se logró ubicar ninguna en sus índices.