El clima político, institucional y jurídico del país en 1993 dio origen a un nuevo estatuto de los contratos de la administración pública. La influencia del neoliberalismo modificó los fundamentos del contrato administrativo inspirado en la tradición del derecho francés. El legislador quiso así crear una sola categoría de contratos: el contrato estatal, que recupera la idea de convención surgida de la autonomía de la voluntad de las partes para brindar a la administración un instrumento flexible y dinámico de gestión administrativa. Sin embargo, la misma ley, y sobre todo la evolución legislativa y la jurisprudencia, han puesto de relieve las finalidades de interés general de todo contrato de la administración que le imponen principios y un régimen jurídico especial. Las dificultades de la concreción conceptual de la reforma y la insuficiencia dramática de los controles sobre la actividad contractual ponen de presente los límites de la ley en el cumplimiento de las misiones que se propuso el legislador, y los proyectos de nuevas reformas parecen vaticinar un retorno al pasado. Con un exhaustivo análisis jurisprudencial, el autor traza las grandes líneas de esta evolución, y, con el telón de fondo del derecho administrativo francés y de las desarticulaciones de un sistema que se pretende novedoso pero al mismo tiempo se apoya en las teorías tradicionales.
