En esta época en que la criminalidad ha alcanzado niveles inimaginables, han surgido de diversas propuestas para demandar de las autoridades acciones inmediatas que la contrarresten. Dichos reclamos propiciaron el Acuerdo Nacional para la Legalidad, la Seguridad y la Justicia, con la intención de que la sociedad, el gobierno federal y las entidades federativas realizaran y buscaran el efectivo combate contra la delincuencia. Ante ello, el Poder Judicial de la Federación, con base en la reforma constitucional en materia penal de junio de 2008, se dio a la tarea de cumplir con los compromisos acordados, en concreto, con lo dispuesto por el artículo 16, párrafo décimo cuarto constitucional, relativo a que los poderes judiciales deberán contar con jueces de control que resuelvan, de forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares que requieran control judicial. Al no existir la ley secundaria que regule esa novedosa figura penal, el Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de sus facultades creó los Juzgados Federales Penales Especializados en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones, a efecto de atender de manera pronta y expedita las solicitudes de medidas cautelares hechas por la Procuraduría General de la República, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, así como por la Policía Federal. Esta obra resulta una valiosa fuente de consulta al dar a conocer de forma detallada las funciones que, a través de sus titulares, se realizan en dichos órganos jurisdiccionales, ya que desde su instauración se llegó a creer erróneamente que serían juzgados de control, e incluso que sus titulares serían jueces sin rostro, ?aludiendo otros sistemas jurídicos, lo cual, por el momento encuentra alejado de nuestro modelo judicial.