Podríamos afirmar sin temor a equivocarnos que el régimenö de las incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones públicas es quizá la materia relacionada con la función pública, entendida ésta en su sentido más amplio como comprensiva de todos los colectivos que prestan su servicio dentro de aquéllas, que ha sido regulada en mayor número de ocasiones, con incontables normativas especiales, fragmentadas, dispersas y casi indescifrables, circunstancia que contrasta con el desconocimiento e inaplicación de dicha normativa. Pocas veces han coincidido tanto los excesos normativos en regular una materia en el pasado y las constantes referencias en torno a su trascendencia, con la ignorancia y falta de respeto a sus predicamentos. Pero es éste un hecho al que los antecedentes normativos se hartan en dar la razón.áEl régimen de las incompatibilidades constituye propiamente uno de los problemas más complejos de la función pública, de gran fuerza expansiva, por cuanto su mismo planteamiento exige una revisión de otras cuestiones de su régimen, como de la propia organización de la Administración en general un problema en extremo candente y vidrioso en el que, a los criterios propiamente jurídicos, se superponen valoraciones de carácter ético e incluso político.