La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispuso desde 1996 la creación y funcionamiento de un sistema integral de justicia electoral en nuestro país, con la finalidad de proporcionar definitividad a las diversas etapas de los procesos electorales y garantizar la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votados y de asociación para tomar parte en los asuntos políticos del país, así como de afiliación libre e individual a los partidos políticos.áEl 10 de junio de 2011 se produjo una trascendental reforma a la propia Constitución, específicamente al Título Primero, cuyo Capítulo I se denomina ahora: ´De los Derechos Humanos y sus Garantías´; y se reformaron diversos artículos, entre otros, el artículo 10, párrafo segundo, del texto constitucional, para establecer lo siguiente:á´Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la propia Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia,...´áCon vista a esa reforma, cabe preguntarse: ¿Las reglas que rigen a los juicios y recursos que conforman al sistema integral de justicia electoral son idóneas para cumplir con el derecho humano al debido proceso?áGozaíni considera que el reconocimiento de los derechos humanos en las Constituciones produjo una gran evolución en el derecho al debido proceso; de ser considerado como un proceso legal, precisó este autor, pasó a ser estimado como un proceso constitucional que responde a principios y presupuestos basados en la idea de que sin garantías procesales efectivas, no sería posible el desarrollo y tutela de los derechos fundamentales.áEl debido proceso, según Gozaíni ´...es el derecho a la justicia lograda en un procedimiento que supere las grietas que otrora lo postergaron a una simple cobertura del derecho de defensa en juicio. No estaremos hablando más de reglas, sino de principios.´