La posibilidad de realizar transacciones electrónicas, tanto por lo que se refiere al comercio electrónico (sector privado) como a las comunicaciones, trámites, servicios, actos jurídicos y administrativos, así como procedimientos administrativos (sector público), requiere del uso de firma electrónica ya que permite, entre otras garantías, autenticar electrónicamente a las partes de dichas transacciones. Además, gracias al uso de la firma electrónica, es posible garantizar la integridad y la conformidad, entre otros aspectos.