La crisis ambiental del agua en Ecuador se debe principalmente a la contaminación y a la sobre utilización del recurso, condiciones que han provocado su deterioro en términos de calidad y disponibilidad. Por ello, desde hace más de una década el Estado, los usuarios, los movimientos sociales, entre otros actores, han discutido los términos regulatorios de una nueva ley de aguas que permita modernizar el alcance de la gestión administrativa y, particularmente, ambiental del recurso. Una cuestión preponderante en este debate consiste en fundamentar la gestión ambiental del agua, en su calidad jurídica de bien nacional de uso público. En este marco, cabe preguntarse si la gestión ambiental del agua en el país, basada en la concepción de bien público, ¿está asociada a la conservación bajo los presupuestos del desarrollo sostenible? Y,, asimismo, si en la práctica, el uso de los recursos hídricos corresponde exclusivamente a la una gestión de bienes públicos, o ¿es necesario integrar los postulados teóricos de la propiedad privada en la gestión de los recursos hídricos?