La dinámica nacional actual llevó a los poderes públicos a formular iniciativas legislativas en materia penal de juicios orales con el propósito de adecuar la letra constitucional con la realidad social. De ahí, que en junio de 2008 se aprobará por el Congreso de la Unión, primero, y, después, por las legislaturas locales esta política pública de justicia penal para materializar una exigencia que desde tiempo atrás se venía planteando. Aun cuando esta reforma constitucional fue puesta en marcha después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, su implementación y operación todavía no es una realidad en el entramado nacional, toda vez que hasta hoy pocas entidades federativas la han impulsado en su dinámica local quizá por una carencia y limitada experiencia en la materia o conciliando sus tiempos con el periodo impuesto por el propio sistema penal de juicios orales o, en su caso, por los tiempos políticos-electorales que ha llevado a que ciertos temas primen sobre este tópico, quedando éste en un segundo plano.
