Las reformas constitucionales publicadas los años 2008 y 2011, relacionadas con la instauración de un nuevo proceso penal de índole adversarial, garantista y oral, apegado al estricto respeto de los derechos humanos de las víctimas, los procesados y los sentenciados, en materia penitenciaria, obligan a expedir una nueva Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, que venga a sustituir la ley vigente en la materia, intitulada Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados vigente desde el año 1971.áLa reconstrucción del Sistema Penitenciario Mexicano, es una tarea improrrogable, jurídica y socialmente hablando, las reformas constitucionales relacionadas con el tema, obligan a la expedición de las leyes reglamentarias que permitan reformular el régimen penitenciario vigente en nuestro país.áLa Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en su Diagnostico Nacional de Supervisión Penitenciaria del año 2012, publicado en la página web de ese organismo, ha dado cuenta de la grave situación que viven los centros penitenciarios del país, así como, de los desafíos que representa su administración para las autoridades carcelarias de los Estados, el Distrito Federal y la Federación.