En la presente obra se realiza un análisis de la eliminación de la facultad de averiguación que la Suprema Corte tenía para conocer violaciones graves de derechos humanos. En este sentido, la autora afirma que la eliminación de dicha facultad constituye la perdida de una herramienta para el análisis estructural de políticas públicas por parte de nuestro Tribunal Constitucional. A lo largo del capitulado se analiza el proceso de reforma, los argumentos en los que se fundamentó la decisión de eliminar la facultad, casos en los que la Suprema Corte la ejerció y las posibles alternativas que tiene el Tribunal para realizar análisis de política pública aún sin la facultad de averiguación. Lo que nos deja entrever este trabajo es que la eliminación de la facultad de averiguación respondió a razones políticas y no jurídicas.