Los sistemas acusatorios rara vez centran la atención en la víctima, lo que contribuye a que no se respeten sus derechos plenamente y a que, por consiguiente, no se haga justicia. Esta situación se agrava cuando las víctimas no son adultos sino niñas y niños, cuya condición de vulnerabilidad exige medidas de protección extraordinarias. En este contexto, el Estado tiene la obligación perentoria de brindar protección a quienes se encuentran en una situación natural de indefensión por su corta edad.áEs por ello que este volumen está dedicado al análisis minucioso del alcance de las obligaciones del Estado frente a los menores de edad víctimas del delito. Se aborda la manera en que debe prevalecer el principio del interés superior del niño, para lo cual se examina en detalle este concepto a partir de la definición establecida en la Convención sobre los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas.áDe igual modo, este libro describe las condiciones necesarias para que el Estado tenga la capacidad de cumplir plenamente con su obligación de salvaguardar los derechos de niños y niñas, es decir las instituciones de justicia con los dispositivos y procedimientos más adecuados, así como los órganos especializados y los contenidos legislativos requeridos.