La prueba es la arquitectura de todo el proceso penal. En el proceso penal, quizás más que en otros órdenes normativos, es posible constatar que el ejercicio de los derechos fundamentales presenta determinados límites y restricciones. Para procurar una adecuada actividad investigativa, que contribuya al esclarecimiento de los hechos delictivos y en definitiva para el logro de una efectiva lucha contra la criminalidad, cada vez más creciente y sofisticada, es necesario que el Estado implemente determinados mecanismos y procedimientos coercitivos que, van a restringir o limitar el ejercicio de derechos como la libertad, la propiedad, la intimidad, la inviolabilidad domiciliaria, etc.