A principios del año 2004, y por cuestiones de trabajo, obviamente relacionadas con la labor jurisdiccional que desarrollo desde 1990, en esta bellísima ciencia penal y que tiene íntima relación con el proceso judicial penal, me di cuenta lo necesario de replantear que en todo tipo de resolución judicial, ya sea, dentro de los autos para librar o negar órdenes de aprehensión o en su caso de plazo constitucional e incluso para la emisión de una sentencia absolutoria o condenatoria, era vehementemente urgente adoptar nuevos lineamientos o criterios que reflexionada, lógica y racionalmente, fueran referentes principales, en la catalogación de las pruebas establecidas en nuestro Códigos Procesales, a nivel local como federal, precisamente, porque tanto el Ministerio Público en ambos ámbitos, en sus investigaciones y determinaciones para su consignación, amén de no manejar ningún principio procesal, no motivan de manera específica, todo ese cúmulo de pruebas plenas o semiplenas sustraídas de sus actuaciones o diligencia, bajo ningún sistema de los hasta ahora conocidos para tal efecto, esto es, valorar las pruebas en forma tazada, libre o mixta y siendo ello, rubro toral de una gran cantidad de amparos concedidos a los quejosos, de un gran número de negativas de órdenes de aprehensión, de autos de libertad y de sentencias absolutorias, etc., me obligaron en observar en forma analítica, técnica, procesal, legalista, incluso doctrinal y metodológica a la hoy para mi tan importante prueba denominada indiciaria o presuncional en materia Penal, doctrinal o jurisprudencialmente, catalogada como teoría circunstancial, misma que al tenor del tiempo pude darme cuenta de la gran importancia y trascendencia práctica que tiene en todas las etapas del proceso penal, empezando por la investigación ministerial, hasta incluso en la ejecución de una sentencia.
