El caso Rubí sacó a flote las deficiencias que tiene la policía municipal, la ministerial y en general la Institución estatal encargada de la investigación de los delitos y la persecución de los delincuentes, para realizar una investigación científica que lleve a recabar pruebas que de manera indubitable acrediten la existencia de los delitos y la responsabilidad penal de los verdaderos responsables en su comisión. Quien esto escribe considera que ahí está la falla para acabar con la impunidad. Pero para ello es menester:
1. Que se dote a la Fiscalía de suficientes recursos humanos, materiales y equipo para llevar a cabo una investigación científica. Preparar y actualizar a la policía con las más modernas técnicas, métodos y procedimientos de investigación. Que haya seguimiento de los casos. Que sus jornadas de trabajo les permitan tener una vida de calidad para sí y para sus familias.
2. Capacitación a los jueces para la valoración de la prueba en un sistema acusatorio, y
3. Darle plena autonomía a la Defensoría Pública, esto es, independiente de los tres poderes y con patrimonio propio.
Dar marcha atrás en la implementación del Sistema Penal Adversarial para volver al viejo modelo procesal, no hará más eficaz la obtención de pruebas idóneas en la investigación de los delitos en general.
