A lo largo de nuestra tradición jurídica, el juicio de amparo se ha caracterizado por ser la gran aportación que México exportó a los sistemas jurídicos de otros países. No son pocas las naciones que han acogido la figura del amparo como un medio de control constitucional para defender a los gobernados de los actos de autoridad que vulneran sus derechos humanos y sus garantías individuales.Desde su promulgación por el Presidente Lázaro Cárdenas, el 10 de enero de 1936, la Ley de Amparo se distinguió por ser un ordenamiento, como lo sostuvo Ignacio Burgoa Orihuela, de tutela directa de la Constitución, e indirecta y extraordinaria de la legislación secundaria.Con más de treinta reformas, era evidente que la evolución social y jurídica de nuestro país generara, tanto en el mundo académico como judicial, grandes debates para adecuar a la realidad social y económica de los mexicanos el instrumento jurídico de mayor trascendencia para la defensa de sus derechos.Así, el 2 de abril de dos mil trece se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se expidió la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el cual se abrogó la publicada en 1936.A partir de su publicación, mediante el juicio de amparo se protegen de manera directa los derechos humanos reconocidos por la Ley Suprema, así como por los tratados internacionales de los que México es parte.En el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal estamos seguros que con la incorporación de figuras como el amparo adhesivo, la declaración general de inconstitucionalidad, entre otras, se amplía el ámbito de justiciabilidad para nuestros derechos.Magistrado Edgar Elías AzarPresidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal.