La nueva reforma procesal del trabajo, vigente a partir del 1° de mayo de 1980, es demostración muy significativa de que el Derecho del Trabajo está en crisis y al mismo tiempo revela la seguridad de los altos funcionarios de la Federación, para enfrentarse a la realidad del desequilibrio que se contempla en las relaciones humanas, entre ricos y pobres o sea entre capitalistas y proletarios o entre obreros y patrones, así como en la impartición de la justicia del trabajo, porque todavía la cacareada justicia social no es una realidad sino una meta por alcanzar. Tampoco es justo imputarle a los líderes obreros la falta de lucha por esta justicia, ni a los gobernantes, porque son problemas tan delicados que requieren una solución adecuada y menos se nos puede achacar a los juristas sociales, sobre todo a los que manejamos la pluma para orientar socialmente y por ello nos convertimos en rojo de ataques infundados e injustos de los reaccionarios. Frente a un mundo en transformación tenemos que afrontar nuestras responsabilidades con el auxilio de la legislación social, que guarda el anhelo revolucionario del legislador, y las conquistas sociales, con la belleza de su expresión y su profundo contenido humano en vías de llegar al socialismo algún día...
