La capacitación es sin duda una herramienta clave en el funcionamiento de cualquier organización. En el caso del sistema judicial, la posibilidad de que sus integrantes y especialmente aquéllos encargados de desarrollar su función primordial -los magistrados- se capaciten es de una importancia estratégica. Durante años la justicia y sus instituciones no sólo permanecieron ocultas a la mirada de la población, sino también envueltas en un letargo propio de una organización del medievo. Su estructura y las dinámicas de funcionamiento aun conservan dichos rasgos, pese al transcurso de siglos y sucesivas reformas que se han llevado adelante. La cultura organizacional ha respondido a parámetros individuales de funcionamiento, como si fueran feudos, que reaccionaban frente a determinados ataques externos, pero en los que cada celda (fiscalía, juzgado, defensoría, asesoría) seguía sus propios parámetros de funcionamiento. En ese antiguo esquema hay instituciones y unidades que buscan su continua mejora y el progreso de sus integrantes, mediante el desarrollo de acciones coordinadas y diseñadas -planificación- bajo el liderazgo positivo de su máximo responsable, mientras otras continúan aferradas, generalmente de un modo inconsciente, a la ausencia de planificación y políticas sobre su funcionamiento y la capacitación de sus integrantes.