La aprobación de las reformas constitucionales en materia de justicia penal y seguridad pública del 18 de junio de 2008 abre una nueva etapa en el proceso penal que inicia con un período de transición de un sistema mixto tradicional a uno de tipo acusatorio. Durante el lapso en que coexistirán los dos sistemas (hasta ocho años), tanto el estudiante de derecho como los abogados litigantes tendrán que conocer ambos y enfrentar nuevos retos.