La adecuada determinación y pago de los impuestos es un tema abierto a la polémica en todo el mundo, donde cada parte, según sus intereses, defenderá posturas antagónicas. Un gran referente son las tensiones que se dan, por un lado, entre requisitos de legalidad, tipicidad y seguridad en lo concerniente a la descripción del hecho imponible y, por otro, la justicia e igual participación de todos los obligados o, cuando menos, los que se suponen iguales, en lo referente a su capacidad contributiva. Lo peculiar resulta ser un debate permanente sobre planteamientos ingeniosos y estratégicos de la realidad susceptible de ser gravada, la calificación de los hechos y criterios interpretativos basados ya sea en la forma o en la sustancia de las muy variadas prácticas. Prueba de ello son los permanentes desacuerdos que se dan en los casos de ahorro fiscal o planeaciones que pueden ser legítimas o censurables, tal como sucede con los tax shelters y el treaty shopping. Ni qué decir de los problemas para detectar al beneficiario efectivo en las operaciones mercantiles complejas. La solución parece estar en descubrir los principios pertinentes, en correlación con ponderar las consecuencias que cada caso provoca y, es así, que los jueces van dando respuestas a casos particulares para luego evolucionar a criterios con visos de generalidad.
