La Ley 906 de 2004, redujo las facultades de las víctimas en el proceso virtualmente a las de un convidado de piedra, incurriendo en la paradoja de que mientras que el derecho penal aparece instituido, en primer lugar, para la protección de los que en un momento dado se consideren derechos fundamentales de los asociados, los intereses de la víctima (reparación, verdad y justicia, como se usa decir hoy) son dejados de lado en un proceso que sólo le concede importancia retórica, desatendiendo las reglas constitucionales y aún legales. Adelante se tendrá la oportunidad de analizar cuidadosamente ésta nueva situación.áMientras tanto, por todos los medios se hace alarde de la forma en que el nuevo procedimiento ha protegido los derechos y los intereses de las víctimas. Nada más contrario a la realidad. La verdad es que tanto la ley como la jurisprudencia han reservado a la víctima un papel inane, en especial en lo atinente a la práctica de la prueba dentro del juicio, elemento esencial del derecho al debido proceso y del derecho de acceso a la justicia. Como en el cuento infantil se hace falta algún niño espontáneo que haga caer en cuenta de que el rey va desnudo: la víctima es un invitado de tercera en el proceso penal acusatorio colombiano. La nueva reglamentación no sólo no ha significado un avance en la protección de los derechos de las víctimas sino que implica un claro retroceso y la jurisprudencia se ha desuncido de sus pronunciamientos anteriores que eran de avanzada.