El fenómeno del lavado de dinero recursos de procedencia ilícita no es una figura o
instrumento que se haya implementado recientemente con la expedición de la Ley
Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia
Ilícita, sino que fue considerado en nuestra legislación Fiscal desde el año 1990, siendo
hasta 1996 donde se traslada a la legislación penal considerándose un delito grave,
implementación que en nuestra legislación obedeció a consecuencia de acuerdos
internacionales; el más importante es el de las 40 recomendaciones del Grupo de Acción
Financiera Internacional GAFI.
La presente obra pretende ser tendencia en la implementación de la certificación de los
procedimientos de Prevención de Lavado de Dinero PLD, entre otros, a las políticas de
identificación de clientes, identificación del beneficiario controlador, seguimiento de
operaciones, seguimiento de la relación negocios, etc. En este sentido, es importante
enfatizar que dichas políticas u obligaciones ya se encuentran establecidas en normas
generales de la materia, mismas que deberán cumplirse e implementarse por los sujetos a
partir de su alta en el padrón de actividades vulnerables, obligación que en la práctica no
se ha cumplido ni en un 5% de su totalidad.
La puesta en marcha de procedimientos o políticas en materia de prevención de lavado de
dinero, no debe verse limitada o restringida a los sujetos que realicen actividades
vulnerables, sino que debe verse desde una perspectiva integral y de prevención para
cualquier persona; recordemos que el delito de recursos de procedencia ilícita no sólo
opera para aquellos grupos delincuenciales (drogas, trata de personas, etc.), sino también
para aquellos que no logren justificar ante las autoridades su incremento patrimonial, es
decir, todos los movimientos que dejen rastro serán susceptibles de analizarse a la luz del
fenómeno de lavado de dinero.