Las medidas que se han tomado contra la delincuencia organizada en México y específicamente contra el narcotráfico, tales como la militarización, que ha crecido cada vez más, han tenido como sustento el argumento de que estas conductas constituyen una amenaza a la seguridad nacional, sin embargo, si se analiza el concepto y alcance que establece al respecto la Ley de Seguridad Nacional, se advierte que no encuadran los delitos resultado de este tipo de criminalidad en las diversas hipótesis que señala dicha ley, por ello, queda la reflexión en cuanto a la falta de legitimación (al menos formal) para llevar a cabo algunas de las acciones que ahora son cotidianas en nuestro país. Lo anterior lo señala la investigadora Miriam Elsa Contreras López al hacer un análisis del marco legal que se aplica a la delincuencia organizada en México, fenómeno delictivo que, señala, ha rebasado fronteras y se fortalece cada vez más, mostrando la vulnerabilidad de los Estados para hacerle frente. Sostiene que la lucha contra ese tipo de criminalidad y el respeto a las garantías de los gobernados son trascendentes para lograr una convivencia social pacífica, debido a lo cual, por muy grave que sea el problema, no se deben pasar por alto los derechos de las personas, incluidas las consideradas sujetos activos de este delito, pues de lo contrario se corre el riesgo de caer en esquemas como el llamado derecho penal del enemigo.