En noviembre de 2011 un grupo de abogados y representantes de la sociedad civil envió una denuncia a la Corte Penal Internacional en la que se señalaba que en México se habían cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad en el contexto de una política de seguridad iniciada en diciembre de 2006 para combatir al crimen organizado. Ese hecho suscitó un gran debate nacional en torno a las facultades del tribunal y respecto de las capacidades del Estado mexicano para resolver, a través de sus órganos de justicia, el enorme número de delitos violentos, así como las obligaciones del país en materia de derechos humanos y del Derecho internacional humanitario.áLos autores de este libro buscan, desde una perspectiva académica, contribuir a la clarificación de las dudas que se pudieron haber generado a raíz de la discusión mediática sobre dicha denuncia. Esta obra colectiva introduce al lector al conocimiento de la Corte Penal Internacional, en particular los crímenes sobre los que tiene competencia, su funcionamiento al iniciar investigaciones, los propósitos por los cuales se creó, así como la relación institucional que puede tener con México en el contexto de violencia por la que atraviesa el país.áEste esfuerzo colectivo es solo el inicio de una reflexión mucho más profunda en torno al Derecho penal internacional y su relación con las instituciones mexicanas.