El fenómeno de la corrupción o, mejor, del crimen organizado, persiste. El indebido manejo del sistema de salud, de las pensiones, de las regalías petroleras y de las transferencias pone de relieve la precariedad de los controles institucionales y de la ciudadanía frente a los apetitos desbordados de quienes buscan el enriquecimiento ilícito. El impacto de las drogas ilícitas exacerbó todos los problemas de Colombia, catapultó los comportamientos corruptos y abrió espacio al crimen organizado. La financiación de la política mal regulada y peor controlada se ha convertido en un factor que afecta la confianza de los ciudadanos en sus autoridades y en las instituciones. Recientemente, la Corte Suprema de los Estados Unidos recordó que en esta materia es vital preservar, no solamente la más absoluta transparencia sino además todas las apariencias. Por ello, declaró inconstitucionales a las formas de financiación que se prestaban a dudosas interpretaciones. Este tema continúa congelado en Colombia. Se debate pero no se decide. Las estrategias anticorrupción dejan mucho que desear, y su eficacia no se evalúa. Con todo, hay herramientas, como la pérdida de investidura de los congresistas, que han puesto en evidencia el poder de los ciudadanos en la lucha anticorrupción. Otros recursos constitucionales y legales no se utilizan en toda su potencialidad. Y los gremios organizados no han desarrollado estrategias anticorrupción sectoriales que serían definitivas para recuperar los niveles de transparencia que reclama la sociedad. La monetización de la política la ha desacreditado. Las cosas y las personas no son lo que parecen. Los temas que aborda este libro pertenecen a la agenda global: financiación de la política, drogas ilícitas y crimen organizado, y algunas recomendaciones para recuperar la transparencia como elemento esencial de la gobernabilidad democrática. Es sorprendente que no haya interés en que se realicen trabajos académicos sobre estos problemas.