En un Estado donde la ciencia y la tecnología son incipientes o no están suficientemente desarrolladas, el apoyo económico a estas áreas es escaso, ello por cuanto el conocimiento científico y tecnológico resulta una inversión de muy larga recuperación e incluso, basado en el esquema de ensayo y error, presupone una cantidad de pérdidas antes de encontrar un bien de capital o de consumo económicamente redituable. En este escenario, la única vía de funcionalidad es el apoyo estatal. Sin embargo, la agenda de la investigación, las fuentes y las formas de asignación, las fuentes y las formas de asignación de los recursos y la relación entre la iniciativa privada, el mercado y la investigación deben ser materia de una política de Estado inteligente e incluyente, de modo que respetando la autonomía inherente al trabajo científico,m se encuentre directamente relacionado con las necesidades del país.
Martín Puchet Anyul y Pablo Ruiz Nápoles presenta una visión crítica de nuestra propia política científica y tecnológica: pero la hacen no sólo desde un marco teórico firme y fundamentado, sino a través del desglose y el análisis del nuevo marco jurídico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. El hecho de situar la investigación desde la óptica del Derecho, ofrece la ventaja de la objetividad y de la medición precisa de los efectos generados. Las normas jurídicas no sólo desalientan la comisión de ciertas conductas consideradas como ofensiva para la sociedad; también son instrumentos de políticas públicas para alentar actitudes y prácticas que se consideran necesarias para el crecimiento social, enfoque un problema de políticas sociales desde el punto de vista jurídico equivale a atacar el punto central de la cuestión.