Desde años, el Derecho procesal penal ha asumido en nuestro país un papel central derivado de la gran crisis de inseguridad que desde 1994 se ha venido gestando en el tejido social mexicano.áLa fuerza del crimen organizado, sus redes de distribución, y la descomposición del sistema penal que nos regía y en espacios importantes del país esa violencia rebasó al Estado, lo que generó que se impulsaran reformas constitucionales y la promulgación de diversas leyes e instauración de instituciones, primero para proteger los derechos humanos y, segundo, para luchar de frente ante las organizaciones criminales. Así se creó un régimen de excepción para la delincuencia organizada, considerada ´el enemigo del Estado de Mexicano´, encontrando sustento en lo que Gunther Jacobs denominó Derecho penal del enemigo.á