Una organización político-territorial adquiere sentido social cuando existe un vínculo entre las necesidades de la comunidad y las normas jurídicas que la rigen. Normas que aseguren las oportunidades sociales y económicas para alcanzar el pleno desarrollo de cada individuo. Desgraciadamente, eso no siempre ocurre así. Los abusos de que son víctimas miles de niños, mujeres, ancianos y migrantes nos lleva a tomar conciencia de que el Derecho y las Ciencias Penales tienen una misión que cumplir en la salvaguarda de sus derechos básicos, así como en el castigo de quienes los vulneran. En este libro, coeditado por el Instituto Nacional de Ciencias Penales y el British Council, especialistas e instituciones de México y Gran Bretaña reflexionan sobre cómo derribar las barreras fácticas y legales que impiden al Estado cumplir con su cometido original. Además, proponen una agenda de políticas públicas a fin de superar dichos obstáculos. Todo ello con el propósito de que, cada día, nuestro país sea un Estado no sólo democrático, sino más tolerante, plural e incluyente.