El 18 de junio de 2008 se publicó la reforma constitucional que modifica diametralmente el sistema penal mexicano, impactando no sólo en el desarrollo y en el proceso de los juicios penales, sino también en los procesos de operación de cada una de las instituciones del sistema. Esta transición fue lo que motivó la realización de este trabajo que parte del estudio del cambio procesal a través de las instituciones, utilizando metodologías que pueden ser aplicadas a situaciones concretas y que pueden ayudar en la toma de decisiones en cada uno de los procesos de instrumentación. Así, en primer lugar, en esta obra se estudia la utilidad del método comparado en los procesos de realización de las leyes que le van a dar vida y operatividad al nuevo sistema. Además, el lector podrá encontrar un método para estudiar leyes e instituciones extranjeras que se quieren trasplantar y cada uno de los elementos que debe de considerar y ponderar antes de incluirlas en un texto normativo. Partiendo de la premisa de que el nuevo sistema es, en esencia, un replanteamiento de los límites y de los controles de poder (traducidos en nuevas facultades y obligaciones) de los operadores del mismo, se analiza el nuevo sistema, a través de la teoría del control del poder, se examina cómo les impacta a los operadores en sus competencias, pero también cómo les afecta en la forma de controlarse entre ellos, además del nuevo rol que va a jugar el imputado, pero, sobre todo, el papel de la víctima en los nuevos controles. Para finalizar, se aborda el problema de la instrumentación de la reforma, identificando los principales problemas políticos y técnicos que tiene cada uno de los operadores, para concluir con una propuesta concreta de política pública que ayude a la instalación de este nuevo sistema por medio de la realización de modelos genéricos que puedan ser adaptables y replicables en cada uno de los contextos donde la reforma va a entrar en vigencia.
