El fideicomiso público federal es una figura jurídica enmarcada en las ramas del Derecho Mercantil y Administrativo. Por su amplitud de ordenamientos, no es fácil conocer su marco normativo y su útil aplicación por parte del Estado para ejecutar proyectos de importancia que fortalezcan el aparato productivo de la nación. Esta obra trata sobre los fideicomisos creados por la Administración Pública Federal, es decir, por el Poder Ejecutivo, en apoyo de las atribuciones que tiene encomendadas, sobre las circunstancias que se presentan en los procesos de contratación, inscripción y renovación de clave, modificación, fusión, sustitución y extinción de los mismos, lo anterior a partir de un enfoque que acentúa el tratamiento de los problemas prácticos que se presentan para la obtención de las autorizaciones y opiniones de estos negocios fiduciarios. El autor investiga los antecedentes del fideicomiso público en México, los cuales se encuentran en las construcciones de las obras que integraban los Sistemas Nacionales de Riego a fines de la década de los veinte e inicios de los treinta del siglo pasado, considera que el fideicomiso público federal tiene la naturaleza jurídica de un contrato, estudia los dos tipos de fideicomisos, los constituidos sin estructura orgánica, así como los que se organizan de manera análoga a los organismos descentralizados o empresas de participación estatal mayoritaria, a las cuales la ley da un tratamiento de entidades paraestatales, y el autor llama fideicomisos de fomento con estructura orgánica. Esta investigación analiza el régimen jurídico del fideicomiso público desde un punto de vista eminentemente práctico, proponiendo una desregulación, y simplificar las normas administrativas a fin de hacer más ágil el régimen de autorizaciones y opiniones de todos los participantes que intervienen en los procesos. Al acortar los tiempos, mejorará la eficiencia en la entrega, administración y aplicación de los recursos públicos por parte de la fiduciaria, sin que se propicie opacidad o desvío de los mismos. El autor trata de echar por tierra la expresión de que ´la mejor manera de no saber qué pasa con el dinero público es hacer un fideicomiso´, y de igual manera intenta demostrar que no es correcta la apreciación de la Auditoría Superior de la Federación que considera los fideicomisos gubernamentales como áreas de opacidad, y cuyos recursos no siempre son fiscalizados.