ADRIAN JOAQUIN MIRANDA CAMARENA
Como mexicanos, al realizar actividades que produzcan una retribución económica tenemos el compromiso de cooperar, en medida de las posibilidades que se tengan y con base a las ganancias obtenidas por la actividad realizada, para el sostenimiento de nuestro país y para que el gobierno ofrezca los servicios y oportunidades necesarios para el desarrollo de la población. Las personas que se desempeñan dentro del sector informal incumplen esta obligación constitucional.áDesde nuestra misma Constitución se encuentra la obligación de los mexicanos de contribuir para los gastos públicos. El darle un rango constitucional a esta obligación denota la importancia que tiene el cumplirla; considerándose además, como el principio rector del sistema tributario mexicano. El sector de la población ubicado dentro de la informalidad incumple totalmente esta obligación constitucional.áActualmente, la tasa de informalidad laboral representa un 60% del total de personas empleadas en el país, es decir, seis de cada diez mexicanos laboran en la informalidad. Este porcentaje se refiere a actividades económicas que, teniendo fines lícitos, se basan en medios ilícitos para realizarse, así como en las actividades que no están totalmente registradas, reguladas y fiscalizadas por el Estado en los mismos espacios en los cuales otras actividades similares si lo están.áPor todo lo anterior y con una orientación jurídico-fiscal, en esta obra se expondrán los aspectos más relevantes sobre la economía informal para poder llegar a una solución real, que, de realizarse, implicará un progreso significativo para el sistema económico, jurídico y social del país. Se plantea la creación de un régimen especial de contribución dentro de la LISR (Ley de Impuesto Sobre la Renta), para el sector informal caracterizado por la simplificación del mismo.
