Ante la transferencia del sistema de justicia penal que actualmente propone la Constitución, derivada de la reforma del 18 de junio del año 2008, surge la necesidad de reflexionar los alcances que trae aparejada la adopción de un sistema acusatorio adversarial oral, para así ir delimitando la forma en que ha de aterrizarse durante el proceso penal, dado que se ha establecido un plazo máximo de ocho años para que tanto los estados como la Federación realicen sus cambios normativos respectivos y la reingeniería institucional que presupone, la adopción del nuevo sistema. Por lo anterior, uno de los fines de esta obra es establecer de manera esquemática la redimensión del rol que juegan las partes, y la nueva estructura del proceso penal ordinario, para ofrecer así una guía a los nuevos operadores jurídicos que sean partícipes del mismo. Las transformaciones que llevaron a cabo anticipadamente algunas entidades federativas fueron referentes significativos que influyeron sobremanera en el cambio constitucional, por ello a lo largo de estas páginas se hace referencia al derecho comparado interno que ha apuntalado al sistema acusatorio. Asimismo es importante resaltar que este trabajo no solamente se ocupa de la referencia teórica del sistema acusatorio, sino también muestra su adopción desde una perspectiva práctica, apoyada en las realidades que, previamente a la reforma, caracterizaron al sistema en los estados de la República que lo implementaron.