Sobre la base de los precedentes conformados por los procesos de Nuremberg (1946) y Tokio (1947) contra la dirigencia que gobernó la Alemania nazi y el Japón imperial durante la segunda guerra mundial, y el caso ante los tribunales de Israel contra el dirigente nazi Adolph Eichmann (1961), se desarrollan a partir de 1985 los procesos contra los integrantes de las Juntas Militares argentinas (1985), y el General chileno Augusto Pinochet (desde 1996) y se crean los Tribunales Penales Internacionales para la ex Yugoslavia (1993) y Ruanda (1994), y la Corte Penal Internacional (1998), lo que constituye un auténtico punto de inflexión en el ejercicio de la acción penal a nivel nacional e internacional frente a aquellos dirigentes (ya sean políticos, militares, empresariales o religiosos, ya operen desde el aparato del estado, desde estructuras paramilitares o desde grupos armados organizados de oposición) responsables por campañas de violencia masiva de carácter sistemático o generalizado contra la población civil o contra personas y objetos protegidos por el derecho internacional humanitario.