La democracia norteamericana es una de las más antiguas del planeta y, sin embargo, tal vez por eso mismo, una de las más anquilosadas. Sus instituciones se paralizan por escándalos recurrentes y están carcomidas por los intereses de los grandes negocios, la presidencia personaliza el poder a expensas del gobierno representativo, la corrupción de las esferas oficiales ha llegado a niveles nunca antes vistos, las desigualdades económicas han ensanchado el abismo entre los ricos y los pobres, la población carcelaria es la mayor de las naciones industrializadas, los partidos políticos no pasan de ser cascarones vacíos, mantenidos gracias a inyecciones multimillonarias de fondos gubernamentales, y sus votantes se cuentan entre los más apáticos del mundo. Aunque todos estos problemas se discuten a diario en los medios de comunicación, no son muchos los analistas que afirman que su terca persistencia tiene raíces políticas profundas, que se remontan a los mismos principios constitucionales del imperio. Daniel Lazare es uno de ellos. Su libro señala que la constitución de los Estados Unidos fue concebida con el ánimo de aminorar los peligros que el gobierno del pueblo representaba para los grandes propietarios del siglo XVIII, particularmente de esclavos, y que tal objetivo se logró mediante varios expedientes antidemocráticos que aún subsisten: una intrincada división de los poderes públicos, una presidencia de perfiles monárquicos, un senado elegido por procedimientos discriminatorios, que apenas benefician a unos pocos, y una Corte Suprema de Justicia con autoridad para vetar cualquier decisión de las mayorías. De ahí que la democracia norteamericana, que en los países que giran en su órbita tiene fama de paradigmática, requiera tal vez como ninguna otra una serie de reformas radicales de su ordenamiento constitucional.