Hace algunos años, en nuestra práctica profesional de juzgadores, advertíamos que, aunque en la reforma constitucional de dos mil uno, se amplió el catálogo de garantías a favor de la víctima y del ofendido por el delito, la legislación procesal penal nacional no sufrió cambios sustanciales al respecto, pero, sobre todo, que a la víctima u ofendido, se le seguía considerando como un sujeto extraño al proceso. Me tocó presenciar el desdén con que se les trataba en los juzgados penales, no obstante que presentaban evidentes huellas o secuelas del delito (hematomas, lesiones, transportadas en sillas de ruedas o ´muletas´, por ejemplo), se les impedía participar en las audiencias del proceso en que se ventilaba su asunto En su momento, tuvimos la oportunidad de pronunciarnos sobre el alcance de dichas reformas, llegando a la conclusión de que la víctima y el ofendido pueden ser parte formal en el proceso penal y que, como tales, tienen derechos procesales plenos. Sin embargo, por la naturaleza de los trabajos (sentencias y autos) en que se plasmó dicho punto de vista, no fue posible ahondar lo suficiente sobre las razones que lo sustentaban.
