En el año 2007 se redacto, para proponer al Congreso de la Unión un anteproyecto de Ley del Debido Proceso, que hubiera sido ley reglamentaria de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Como era casi imposible lograr una legislación procesal penal única, se vio conveniente aunar, por lo menos, en esta materia. La confluencia de distintas ideologías -desde el garantismo hasta el derecho penal del enemigo- en las distintas iniciativas de reforma a la Constitución Política y, desde ella, la legislación procesal penal, las leyes orgánicas del Ministerio Público, la Policía, la Defensa de Oficio, y de los Poderes Judiciales federal y locales exigía, a la vez, una puesta de acuerdo en, por lo menos, los derechos de los sujetos del proceso.
