Es ampliamente conocido que en la esfera de la impartición y procuración de justicia, los jueces y fiscales se enfrentan día con día a dificultades derivadas por conocer cuál fue la real intención del legislador. Por ello es que el autor de este artículo, quien es Auditor Especial de Legalidad y Planeación del Órgano de Fiscalización Superior del estado de Veracruz, nos recuerda que el desarrollo de cualquier doctrina penal debe ir siempre precedida de una pulcra técnica legislativa.
