La presente obra es un estudio sobre la forma en que se ha regula-do la justicia para adolescentes en México partiendo de las leyes dictadas en los estados de la República desde diciembre de 2005, y efectuado bajo la consideración de que la misma es una de las principales innovaciones al ordenamiento jurídico nacional producida en los últimos años, que ha transformado por completo la concepción de la infancia que existía en el país y la relación de ésta con la justicia, concretamente con el sistema punitivo del Estado. La magnitud de los cambios planteados en la reforma constitucional al artículo 18 permite afirmar que ésta impulsa una nueva forma de reaccionar ante los adolescentes que cometen delitos, basada en el reconocimiento de éstos como sujetos titulares de derechos generales y específicos, en la obligación del Estado de prevenir el delito, asegurar la paz social y defender a la sociedad de la criminalidad, así como en la necesaria participación de la comunidad en la labor de reintegración. Estas tres orientaciones y las normas y principios incorporados en la Constitución de la República han colocado a las entidades federativas ante el desafío de construir sus propios sistemas de justicia, desterrando, además, algunas prácticas y concepciones del pasado que resultan inadecuadas ante el nuevo contexto. Los esfuerzos se han dirigido, y así se aborda en este trabajo, a la creación de una jurisdicción especializada, al diseño de un proceso de responsabilidad con orientación educativa, a la búsqueda de los instrumentos procesales más adecuados para propiciar la conciencia de responsabilidad en el adolescente infractor, brindar respuestas alternativas al proceso judicial y a la medida coactiva, promover una justicia rápida y eficaz, evitar la estigmatización y beneficiar a las víctimas del delito y a la propia sociedad, eliminando la arbitrariedad en el juzgamiento, la discriminación y la desigualdad en la aplicación de la ley y la impunidad en la comisión de conductas delictivas. La creación de los sistemas de responsabilidad para adolescentes, que incluyen órganos, normas y procedimientos específicos, y que están configurados como regímenes de protección especial, precedió y vislumbró la reforma del sistema de justicia penal constitucional efectuada en 2008.
