Este trabajo pretende mostrar la forma en que se han regulado el principio de oportunidad y las salidas alternativas en el nuevo proceso penal. Se hace un estudio de cada uno de estos mecanismos y la forma en que se han regulado en los diversos Códigos Procesales Penales dictados hasta la fecha tomando en cuenta que a pesar de su diversidad de objetivos las mismas se han incluido en la justicia penal mexicana porque se considera que pueden contribuir a su mejoramiento y que ellas comparten algunas características que hay que resaltar. El objetivo de las normas constitucionales, es atribuirle la responsabilidad de ser el órgano encargado de planear y ejecutar la política criminal del Estado misma que establecerá los objetivos de sus funciones y condicionará y definirá sus estrategias de persecución. Esta política criminal, según puede deducirse de las directrices que inspiran la reforma penal, estará basada en el principio de intervención mínima de los órganos de la justicia penal y se realizará, precisamente, a través de mecanismos de racionalización que le permitirán controlar la carga de trabajo y seleccionar o priorizar los delitos o casos a investigar, lo que tendrá que reflejarse en mayor racionalidad, eficiencia y calidad de sus actividades y en la descarga del trabajo del sistema de justicia. Incluidos ineludiblemente, entre los principios guías de esta política estarán, como lo hemos señalado antes, los intereses de la víctima y el fin de composición de conflictos sociales que tiene el proceso.
