Nuestra historia constitucional y la de nuestros derechos se encuentra fuertemente arraigada a la garantía jurisdiccional del proceso de amparo, a la cual describió con fuerte pasión, quien fuera un gran admirador de nuestra institución democrática, el ilustre procesalista argentino, Augusto Mario Morello, como ´el diálogo permanente del pueblo mexicano con sus libertades fundamentales´.áEn el Estado Constitucional Democrático, no basta el reconocimiento de los derechos y la división de los poderes públicos, se requiere de recursos judiciales efectivos y de tribunales verdaderamente independientes, que brinden respuestas protectoras oportunas a las nuevas exigencias de tutela de una sociedad democrática. La institución libertaria de amparo, sirve y ha servido a los ciudadanos nacionales y extranjeros para preservar sus libertades y la dignidad humana, aún en los momentos más críticos cuando se pone en peligro la vida, la integridad física, el honor, la libertad de expresión, el debido proceso, la salud, y vivienda, entre otros.áLa garantía constitucional de amparo desarrolla un papel polifuncional, ya que tutela todos los derechos fundamentales, con excepción de los derechos políticos electorales, los cuales se encuentran sujetos a un sistema de protección judicial en el texto fundamental (artículo 99). Ambos instrumentos, con sus características garantistas propias, tienen como objeto de control jurisdiccional de: actos, omisiones, y normas generales.
