Desde hace poco más de dos décadas, la población de México, al igual que la de América Latina y el Caribe, envejece de manera creciente y acelerada, incluso a un ritmo más rápido que en los países desarrollados. Aunque no se trata de un proceso generalizado, casi todas las entidades del país marchan hacia su conversión en sociedades envejecidas.áEl envejecimiento ocurre en un contexto caracterizado por una alta incidencia de pobreza, una persistente y aguda inequidad social, un escaso desarrollo institucional, una probable tendencia a la disminución del tamaño de las fuentes de apoyo debido a un cambio en la fecundidad, y restricciones en materia de recursos públicos para programas sociales.áPara afrontar los desafíos del envejecimiento, como se ha señalado de manera reiterada en diversos foros internacionales (en la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, Madrid 2002, por ejemplo) se deben impulsar transformaciones profundas en las formas de organización social, en la economía y fundamentalmente en las instituciones que hasta hoy han sido las responsables de marcar las pautas en materia de atención de las personas adultas mayores.áDichas transformaciones implicarán no sólo cambiar de nombre a los organismos públicos, readecuar la infraestructura de los servicios sociales (salud, educación, vivienda y otros), así como las funciones públicas en términos de provisión de servicios y capacidades técnicas, sino que también supondrá avanzar en la construcción y aplicación de un enfoque integral sobre el envejecimiento, pero sobre todo del diseño de un enfoque amplio y equilibrado en materia de integración de políticas que vinculen el envejecimiento con las diversas edades o etapas del ciclo vital, con los marcos de desarrollo económico y social, así como con el reconocimiento y ejercicio pleno de los derechos humanos.
