No hay duda que al estudiar con profundidad la secuencia de eventos y vicisitudes que transcurrieron entre 1810 y 1821 en la monarquía española, uno de los aspectos más sorprendentes es descubrir que los motivos de los novohispanos para separarse de la metrópoli no fueron claramente formulados al inicio del periodo. Es por esa razón que la historiografía reciente ha venido insistiendo en que la independencia de la Nueva España, como del resto de estados hispanoamericanos, se produjo más como una consecuencia de la crisis de la monarquía española abierta desde 1808, que por la existencia de un proyecto político nacional bien fraguado antes de ese último año. No por ello puede eludirse que entre distintos segmentos, corporaciones y núcleos novohispanos existían severas inconformidades y una creciente sensación de dificultad para soportar la pesadez del vínculo con la monarquía española. En la introducción general hemos hablado con más amplitud sobre este tema, relacionado obviamente con los planes reformistas de los Borbones.áDe hecho puede decirse que en esos años críticos, las peticiones, problemas a atender, demandas a levantar y aspiraciones de los americanos se formularon a manera de avalancha en momentos específicos, siguiendo siempre el ritmo en que llegaron las iniciativas de los españoles para preservar a la nación española y mantener integrado el conjunto monárquico en ambos continentes. Como se recordará, a inicios de 1809 la Junta Central Suprema Gubernativa de España e Indias, por decretos sucesivos, declaró a los territorios americanos como partes integrantes de la monarquía española y con derechos de representación iguales a los peninsulares ante la Junta Central y después ante las Cortes Extraordinarias. Sin embargo, la igualdad política proclamada por los peninsulares nunca se alcanzó verdaderamente. Los vocales electos a la Junta Central a que tuvieron derecho los americanos fueron 9, mientras que los peninsulares eligieron a 36. En las Cortes la desproporción fue acrecentada. En las sesiones hubo 28 diputados americanos contra más de 200 de la península.
